La Alianza Dominicana Contra la Corrupción
(ADOCCO) ha presentado los resultados de su segundo monitoreo de cumplimiento
de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública de este año 2015, en el que
incluye a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
entre un grupo de instituciones oficiales que cumplen con efectividad al acceso
sin restricciones de los ciudadanos a sus reclamos de informes.
El ente anticorrupción destaca que la OISOE, igual que han hecho otras
entidades evaluadas al respecto, ha cumplido la ley, "colocando las
informaciones de la institución en el portal web de la misma, calidad de la
información relativa a la ejecución presupuestaria, declaración jurada de
patrimonio de los que están obligados a presentarla, nominas de funcionarios y
empleados, procesos de compras y contrataciones públicas, amigabilidad del
manejo de la pagina y fácil interpretación de los datos aportados".
Este informe favorable a la OISOE llega
nueve meses y ocho días después de la designación del ingeniero Francisco Pagán
en la dirección de esa dependencia oficial, cuya gestión se ha caracterizado
por un manejo transparente de sus recursos y operaciones en la construcción y
licitación de obras escolares y sanitarias.
Una de las primeras medidas adoptas por
Pagán en la OISOE fue reubicar y poner a operar plenamente la Oficina de Libre Acceso
a la Información Pública, dando todas las facilidades a los ciudadanos que
requieran de informes sobre el manejo de todo tipo de operaciones en esa
institución.
La organización destaca que la Oficina de Ingenieros Supervisoras de Obras del Estado ha
respetado el derecho que asiste a toda persona a "buscar, investigar,
recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier
medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley..."
El actual es el segundo monitoreo de ADOCCO en materia de respeto al acceso
ciudadano a la información pública, en el que han salido favorecidos los
ministerios de la Presidencia y Relaciones Exteriores, la Junta Central
Electoral, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Alcaldía
del Distrito Nacional, los ministerios de Trabajo, Interior y Policía, Obras
Públicas, Cultura, Educación, Administrativo de la Presidencia, Administración Pública,
Hacienda, Cámara de Diputados, Procuraduría General de la República, Suprema
Corte de Justicia, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Instituto Dominicano
de Aviación Civil, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo,
Dirección General de Aduanas y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados.
Indicó que el Observatorio para el
Cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública de ADOCCO ha
venido desarrollando un programa de monitoreo de las instituciones
centralizadas, descentralizadas, autónomas y los partidos políticos, en lo
relativo al manejo transparente de los recursos públicos y los procesos de
compras y contrataciones públicas y lo concerniente al cumplimiento efectivo de
la ley 200-04 sobre la materia.
En esta tarea, agrega, ha logrado "medir la efectividad y disposición de
las instituciones estatales que por el mandato de la constitución y la ley
están obligadas a no solo cumplir la disposición, también a promover el uso del
instrumento que hoy día puede representar para el uso correcto de los recursos
públicos, puestos en manos de los administradores y de los cuales los ciudadanos
tienen derechos a saber que se hace con los mismos".
Y anota que el uso constante de la
herramienta provista por la ley permitió hacer el levantamiento, que califica
de significativo, al grupo de instituciones públicas, centralizadas,
descentralizadas y adscritas, "tomando en menor proporción las
informaciones solicitadas por empresas, entidades de la sociedad civil y
ciudadanos interesados en conocer, fiscalizar y evaluar, sobre la base de los
datos proporcionados por usuarios de la herramienta legal y el derecho a los
que tenemos los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, tomando en
consideración lo amigable, comprensible, exactitud y confiabilidad de las
informaciones servidas".
En sus conclusiones, la entidad señala
que a partir del uso frecuente que ADOCCO ha dado a la ley, "podemos
considerar que los avances en el cumplimiento de la citada ley es positivo si
tomamos en consideración que de unas doscientas acciones de amparo incoadas
desde el 2009 al 2014, por no entrega de información solicitada, se redujo al
2015 a una sola acción de amparo, contra la alcaldía del municipio de Higüey,
provincia la Altagracia, información que se obtuvo en el tribunal, luego de
varias audiencia”.
Otra recomendación de ADOCCO, orientada
a evitar algunas trabas que afirma existen en algunas dependencias, sugiere
colocar todas las informaciones que luego son, generalmente, " objeto de
solicitudes y que los responsables de las oficinas ofrezcan las facilidades a
los usuarios para que el llenado de las solicitudes se pueda hacer al momento
de presentar la solicitud por parte del personal de la entidad, para que deje
de seguir siendo una traba".
